El presidente Daniel Noboa envió a la Corte Constitucional un proyecto para reformar la Constitución e implementar la castración química y un registro de sentenciados por violación en Ecuador, como una respuesta radical frente a la ola de violencia sexual. Entre enero de 2015 y junio de 2025, 66 133 denuncias por violación han estremecido a Ecuador, reflejando una crisis de seguridad y justicia que golpea principalmente a niñas, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad.
Un país que denuncia, pero que no logra justicia
Según datos de la Fiscalía, de los 3 662 procesos iniciados en 2025, solo 1 688 están en trámite, mientras cientos de casos permanecen estancados en el sistema judicial. La realidad es alarmante: muchas víctimas esperan años para obtener una sentencia. Un ejemplo es el caso de Cuenca, donde un hombre fue condenado a 29 años de prisión por violar a una niña de ocho años, cuatro años después de iniciado el proceso.
Pichincha y Guayas: las provincias con más denuncias
La violencia sexual se concentra principalmente en Pichincha (12 776 casos) y Guayas (11 520 casos), seguidas de Manabí, El Oro y Azuay. La cifra subraya un patrón de impunidad y miedo, agravado por redes criminales que se infiltran incluso en agencias de tránsito y comunidades vulnerables, afectando la seguridad en varios niveles.
Polémica por la castración química: ¿solución o violación a derechos?
El proyecto de Noboa genera un intenso debate jurídico y ético. Expertos como el constitucionalista Daniel Gallegos y el penalista Julio César Cueva advierten que la castración química podría considerarse tortura y trato cruel, lo cual contravendría la Constitución ecuatoriana y los convenios internacionales firmados por el país. Recordaron que en 2019, la Corte Constitucional rechazó propuestas de amputación como sanción por robo, por considerarlas actos inhumanos.
El dilema: protección de las víctimas vs. derechos del victimario
A pesar de los cuestionamientos, la discusión sobre la castración química abre un debate de fondo: ¿cómo garantizar justicia y prevenir reincidencia en violadores sin vulnerar derechos humanos? El país se encuentra en una encrucijada entre el hartazgo social por la impunidad y la necesidad de cumplir con normas internacionales de derechos humanos.
¿Qué decidirá la Corte Constitucional?
La Corte deberá analizar el proyecto de Noboa y pronunciarse sobre su viabilidad. Si se considera viable, el país enfrentará una reforma histórica; de lo contrario, la discusión obligará a buscar soluciones estructurales que fortalezcan la prevención de la violencia sexual, el acceso a la justicia y la protección efectiva de las víctimas.
Ecuador vive una crisis que no puede seguir ignorándose: una niña o mujer es violentada cada pocas horas mientras la justicia avanza a paso lento. La propuesta de castración química es un reflejo de la desesperación social por frenar estos delitos, pero plantea un complejo debate sobre derechos y proporcionalidad. Lo que decida la Corte será clave para determinar si Ecuador se inclina hacia medidas extremas o fortalece un sistema judicial que proteja con eficiencia y dignidad a sus víctimas.
