Quito, 31 de mayo de 2025 –
 
 Ecuador Reconoce y Pide Perdón por la Esclavitud Moderna en Plantaciones de Furukawa: Un Paso hacia la Justicia y Reparación.

En una histórica ceremonia llevada a cabo en la Plaza Grande de Quito, el gobierno ecuatoriano ofreció disculpas públicas a más de 340 afrodescendientes que fueron víctimas de esclavitud moderna durante más de 50 años en las plantaciones de abacá de la empresa japonesa Furukawa. La empresa, que operó en la región costera del país, mantuvo a estos trabajadores en condiciones de explotación extrema bajo un sistema conocido como "servidumbre de la gleba", en el que se les forzaba a trabajar en condiciones insalubres y precarias, sin acceso a servicios básicos, educación ni atención médica.

La situación se prolongó durante varias décadas, y los trabajadores fueron obligados a vivir en campamentos aislados, sometidos a un régimen de trabajo intensivo, sin los derechos más elementales. A pesar de que la empresa Furukawa operaba en el país bajo la aparente legalidad, los abusos perpetrados contra esta comunidad afrodescendiente no fueron reconocidos hasta hace poco por las autoridades ecuatorianas.

La disculpa oficial fue un acto de reparación simbólica realizado por el presidente de Ecuador, acompañado por ministros y altos funcionarios del gobierno, quienes expresaron el reconocimiento del daño causado por este sistema de explotación. En su discurso, las autoridades hicieron hincapié en que este reconocimiento fue un paso hacia la sanación de una herida histórica y la rectificación de una de las prácticas laborales más inhumanas que afectaron a una comunidad afrodescendiente en Ecuador.

Sin embargo, a pesar de este acto simbólico, las víctimas y sus representantes legales han manifestado su descontento debido a las medidas adoptadas hasta el momento. Según las víctimas, las disculpas ofrecidas por el gobierno y las autoridades no han sido acompañadas de medidas concretas para garantizar la reparación integral, especialmente en lo que respecta a las compensaciones económicas. Además, la empresa Furukawa, que fue responsable de esta explotación laboral, ha alegado problemas de insolvencia, lo que ha dificultado el cumplimiento de las órdenes judiciales que exigían reparaciones económicas a los afectados.

Por otro lado, el racismo estructural que facilitó la esclavitud moderna fue uno de los puntos clave mencionados por la Corte Constitucional de Ecuador en su fallo. La Corte destacó la necesidad de implementar reformas legales que no solo aseguren la reparación económica, sino que también aborden el racismo persistente en el país. La sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador, emitida el año anterior, subrayó que este tipo de explotación no fue un hecho aislado, sino un reflejo de las profundas desigualdades raciales que aún persisten en la sociedad ecuatoriana.

El caso de Furukawa representa un precedente importante en Ecuador, ya que visibiliza una forma de esclavitud moderna que, aunque no basada en la venta de personas, sí constituía una grave violación a los derechos humanos. Los trabajadores afrodescendientes que vivieron esta experiencia fueron sometidos a un sistema de control económico y social que los mantenía atados a las plantaciones, sin libertad para escapar de las deplorables condiciones laborales.

En un contexto más amplio, este reconocimiento busca sentar las bases para una reparación histórica más profunda, que incluya no solo compensaciones económicas, sino también reformas estructurales que combatan la discriminación racial, promoviendo la inclusión social de las comunidades afrodescendientes en el Ecuador.

Aunque se han dado pasos hacia la justicia, las víctimas y sus representantes señalan que la lucha por la reparación aún no ha terminado. La comunidad espera que el gobierno ecuatoriano tome medidas más concretas y que se implementen políticas públicas que garanticen que hechos de esta magnitud no se repitan en el futuro.

Este proceso de reparación, aunque aún en curso, marca un hito importante en la historia reciente del país y refuerza el compromiso de Ecuador con la protección de los derechos humanos y la justicia social.