El Consejo Nacional Electoral aprobó formalmente la convocatoria para que, el 16 de noviembre de 2025, los ecuatorianos decidan en referéndum sobre
la eliminación de la prohibición constitucional de bases militares extranjeras y sobre la
extinción del financiamiento estatal a partidos políticos.
La pregunta relativa a las bases militares propone modificar el artículo 5 de la Constitución. Actualmente, dicho artículo prohíbe expresamente la instalación de fuerzas armadas extranjeras o instalaciones militares extranjeras en el territorio ecuatoriano. La reforma planteada sustituiría ese texto por uno más genérico: “El Ecuador es un territorio de paz”, lo que abriría espacio a interpretaciones políticas y futuras negociaciones para permitir presencia militar foránea.
Por otra parte, la eliminación del financiamiento estatal a partidos implica replantear cómo se sostienen las organizaciones políticas: si dependieran exclusivamente del aporte privado o de afiliados, se generarían riesgos de captura por intereses particulares o falta de equidad en el acceso.
Pero el proceso no se ha dado de manera lineal. La Corte Constitucional pidió hoy al Ejecutivo hacer ajustes y precisiones importantes, especialmente sobre el mecanismo de elección de los asambleístas para una posible Asamblea Constituyente, así como definir claramente circunscripciones electorales, plazos y procedimientos para garantizar claridad jurídica. Hasta que no se subsanen esos detalles, el CNE no podrá continuar plenamente con el proceso.
Reflexión: soberanía, democracia y riesgos estructurales
En esta convocatoria profunda, Ecuador enfrenta decisiones que involucran su propia identidad como nación, su modelo de representación política y su relación con actores internacionales. Permitir bases militares extranjeras toca directamente el concepto de soberanía. ¿Hasta qué punto un Estado que recibe fuerzas armadas foráneas puede afirmar libremente su poder autónomo? ¿Qué condicionamientos, negociaciones o acuerdos estratégicos vendrán con esa posibilidad? Muchos países, al permitir bases externas, pierden margen de maniobra en política exterior, defensa y alianzas.
En cuanto al financiamiento partidario, eliminar el aporte estatal podría debilitar la pluralidad política y favorecer agrupaciones con recursos privados concentrados. La democracia exige igualdad de oportunidades, no que solo los partidos con acceso a grandes donantes sobrevivan. Esa reforma podría socavar la inclusión política y favorecer el clientelismo.
Sin embargo, queda también la oportunidad para repensar: ¿cómo hacer que los partidos sean financieramente sostenibles sin depender del Estado ni de poderes fácticos? ¿Qué mecanismos de transparencia, control y participación ciudadana acompañarían esas reformas? Esa discusión exige más que un sí o no: requiere una deliberación pública informada.
Finalmente, el papel de la Corte Constitucional en exigir ajustes subraya la necesidad de que las transformaciones políticas no se hagan al margen de la legalidad. Un cambio constitucional apresurado sin certezas en los mecanismos puede generar conflictos posteriores, dudas jurídicas e inestabilidad.
Este referéndum será, por tanto, una prueba de madurez democrática: si los ecuatorianos deciden con información, debate y responsabilidad, estas reformas podrían remodelar el contrato social del país. Pero si se decide entre confusiones, manipulación o conformismo, pueden sembrarse semillas de retrocesos institucionales.
