Política

Ecuador vive un paro nacional prolongado sin señales claras de diálogo.

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Journalist: John Jairo G.A
Publicado en:
October 12, 2025
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Quito, 12 de octubre del 2025.

Ecuador en vilo: paro nacional cumple tres semanas entre bloqueos, marchas y falta de diálogo. 


El paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) cumple más de tres semanas sin avances en el diálogo con el Gobierno. Las manifestaciones, que comenzaron en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, se han extendido por gran parte del país, dejando bloqueos viales, enfrentamientos y un clima de inestabilidad política.

El origen del conflicto: el fin del subsidio al diésel

El detonante del paro fue la decisión del Ejecutivo de retirar el subsidio estatal al diésel, lo que provocó un incremento inmediato del precio del galón de USD 1,80 a USD 2,80. La medida, impulsada por el presidente Daniel Noboa, busca reducir el gasto público y equilibrar las cuentas fiscales; sin embargo, sectores sociales e indígenas advierten que esto afectará directamente a los transportistas, agricultores y comunidades rurales, aumentando el costo de los productos básicos y el transporte.

Protestas y cierres en todo el país

Durante este fin de semana, se reportan bloqueos en provincias como Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y Cañar. Las vías Tabacundo–Cajas, Cayambe–Cajas, Otavalo–Cotacachi y Antonio Ante–Ibarra permanecen parcialmente cerradas, impidiendo el tránsito interprovincial.

En Quito, las movilizaciones se concentran este 12 de octubre en una marcha pacífica convocada por organizaciones sociales y estudiantiles, con puntos de encuentro en la Villaflora, Cayambe y Tabacundo. Para garantizar el orden, el Gobierno ha desplegado más de 13.000 efectivos policiales y militares en los principales accesos a la capital y en zonas de riesgo.

El transporte público también se ha visto afectado: el Trolebús y la Ecovía operan con rutas modificadas y estaciones del centro histórico cerradas por prevención. En la avenida Napo se registraron enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden, con uso de gases lacrimógenos para dispersar a los grupos concentrados.

Ataque al convoy presidencial agrava la crisis

Uno de los hechos más graves ocurrió el martes anterior, cuando el convoy presidencial fue atacado en la provincia de Cañar, en el sector de El Tambo. Según la versión oficial, el vehículo del presidente Daniel Noboa fue impactado por piedras y presuntos disparos. El mandatario resultó ileso, aunque uno de los automóviles sufrió daños considerables.

Las autoridades detuvieron a cinco personas señaladas de haber participado en el ataque; sin embargo, un juez declaró que la detención fue ilegal y ordenó su inmediata liberación, al no existir pruebas suficientes. Este fallo judicial generó polémica entre los simpatizantes del Gobierno y cuestionamientos sobre el manejo legal del caso.

Demandas y falta de diálogo

La CONAIE mantiene su postura de no levantar la medida hasta que el Gobierno atienda un pliego de exigencias que va más allá del tema del combustible. Entre ellas se incluyen la reducción del IVA del 15 % al 12 %, el mejoramiento de los servicios de salud y educación, la revisión de leyes extractivas, la liberación de los detenidos durante las protestas y la reparación por el uso excesivo de la fuerza policial y militar.

El Ejecutivo, por su parte, insiste en que no revertirá la eliminación del subsidio y acusa a la dirigencia indígena de utilizar la protesta con fines políticos. Noboa ha reiterado que su Gobierno “no cederá ante la presión violenta” y ha llamado a mantener el orden constitucional.

Consecuencias sociales y económicas

El paro ya provoca escasez de productos en varias ciudades del centro y norte del país, así como pérdidas económicas para sectores comerciales y turísticos. Los agricultores advierten que toneladas de alimentos no han podido llegar a los mercados por los cierres.

Organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado su preocupación por el uso desmedido de la fuerza y las denuncias de detenciones arbitrarias, instando al Gobierno y a los dirigentes indígenas a restablecer el diálogo.

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