Quito, 9 de septiembre de 2025.
La seguridad en Ecuador entró en una nueva etapa tras la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de designar a las bandas criminales Los Choneros y Los Lobos como organizaciones terroristas extranjeras. El anuncio, realizado el pasado 4 de septiembre por el secretario de Estado Marco Rubio durante su visita oficial al país, marca un punto de inflexión en la estrategia internacional contra el crimen organizado en la región.
Una decisión con peso internacional
La calificación no es un mero término simbólico. Bajo la legislación estadounidense, esta designación permite aplicar medidas de gran alcance, como el congelamiento de activos, la prohibición de transacciones financieras, la colaboración judicial internacional y, en casos extremos, acciones militares directas contra los grupos señalados. Rubio fue enfático al declarar que esta medida es parte de una guerra sin cuartel contra la violencia transnacional: “Es una guerra contra asesinos. Es una guerra contra el terror”, afirmó.
Impacto en la política de seguridad
El gobierno de Daniel Noboa, que ya había declarado un estado de excepción y un conflicto armado interno tras la fuga del cabecilla de Los Choneros en enero de 2024, recibe este respaldo internacional como un espaldarazo a su política de mano dura. Para el Ejecutivo, la decisión de Washington representa la oportunidad de reforzar la cooperación en inteligencia, armamento y entrenamiento militar, además de asegurar recursos adicionales en la lucha contra las bandas.
De hecho, junto con la declaratoria, Estados Unidos anunció la entrega de casi 20 millones de dólares en asistencia directa, incluyendo drones para la Armada ecuatoriana, equipos de vigilancia y tecnología avanzada para el control fronterizo. No se descarta la instalación de una base militar en territorio ecuatoriano, decisión que dependería de un referendo popular.
La expansión del crimen organizado
Los Choneros y Los Lobos no son simples pandillas locales. En la última década han tejido vínculos directos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, convirtiéndose en actores clave del narcotráfico internacional. Su influencia se extiende desde los puertos del Pacífico hasta las cárceles, donde han protagonizado sangrientas masacres que han dejado cientos de muertos. También se les atribuyen atentados con explosivos, asesinatos de figuras políticas y una ola de violencia que ha colocado a Ecuador en la lista de los países más violentos de América Latina.
Reacciones y riesgos
La declaratoria estadounidense ha sido recibida con apoyo mayoritario por parte de la ciudadanía ecuatoriana, que demanda acciones concretas frente a la inseguridad. Sin embargo, algunos analistas advierten que la medida también podría provocar una escalada en la violencia, ya que las bandas podrían responder con ataques más audaces para reafirmar su control territorial. Otros temen que Ecuador se convierta en escenario de una guerra indirecta con implicaciones regionales.
Un cambio en las reglas del juego
La designación de estos grupos como terroristas modifica sustancialmente la dinámica internacional. Ahora, cualquier persona o entidad que colabore con ellos —financieramente o logísticamente— podrá ser perseguida bajo la legislación estadounidense, incluso fuera del país. Esto coloca a Ecuador en el centro de la estrategia hemisférica contra el narcotráfico y la violencia organizada, pero también plantea interrogantes sobre su soberanía y el nivel de injerencia extranjera que está dispuesta a aceptar.
Camino incierto
Para Ecuador, la noticia abre un capítulo complejo. La cooperación con Estados Unidos puede fortalecer la capacidad de respuesta del Estado, pero también genera dependencia de actores externos en un conflicto que tiene raíces locales: desigualdad, falta de oportunidades y un sistema penitenciario colapsado.
Mientras tanto, la población espera que este giro en la estrategia se traduzca en más seguridad en las calles, menos violencia y un futuro en el que las bandas dejen de ser protagonistas del día a día.
