El presidente de la República, Daniel Noboa, remitió este viernes a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto económico urgente denominado Ley de Fortalecimiento Crediticio, con el objetivo de dinamizar el sistema financiero y facilitar el acceso a créditos para ciudadanos y pequeñas y medianas empresas. Este es ya el quinto paquete de medidas económicas urgentes que el Ejecutivo presenta durante su mandato, en un contexto de ajustes fiscales y búsqueda de mayor confianza en el sistema bancario.
La propuesta busca crear un marco regulatorio que incentive el otorgamiento de préstamos con tasas preferenciales, en particular hacia los sectores productivos. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el propósito es “garantizar liquidez, incentivar el ahorro e impulsar la inversión privada en condiciones más accesibles”.
El texto enviado plantea reformas al Código Monetario y Financiero, con disposiciones para que las instituciones de la banca pública y privada ofrezcan productos crediticios con plazos más flexibles y menos requisitos burocráticos. Asimismo, se incluyen incentivos tributarios para aquellas entidades que prioricen préstamos a emprendedores, agricultores y pequeños comerciantes, sectores que se consideran esenciales en la reactivación económica.
El presidente Noboa defendió el envío con carácter de urgencia económica, lo que significa que la Asamblea Nacional tiene un plazo máximo de 30 días para aprobar, modificar o archivar el proyecto. De no pronunciarse, el texto entraría automáticamente en vigencia por el ministerio de la ley. “No podemos dejar que la economía se estanque; necesitamos mecanismos para que el crédito fluya y la producción avance”, señaló el mandatario en un pronunciamiento desde Carondelet.
Los sectores empresariales han recibido con expectativa el proyecto, aunque piden claridad sobre las fuentes de financiamiento y los controles para evitar sobreendeudamiento. Por su parte, organizaciones sociales y de trabajadores mostraron cautela y demandaron que las medidas incluyan también protección frente a los altos intereses de la banca privada.
Este debate económico se da en medio de un panorama de desaceleración del crecimiento y de presiones internacionales sobre la deuda externa. El gobierno ecuatoriano, además, busca con estas reformas fortalecer la confianza de organismos multilaterales, en un momento en que requiere nuevos desembolsos para sostener el gasto social.
De aprobarse, la Ley de Fortalecimiento Crediticio podría marcar un punto de inflexión en el acceso al financiamiento para amplios sectores de la población, al tiempo que reforzaría la política del Ejecutivo de apuntalar la reactivación productiva mediante estímulos financieros.
