La Fiscalía General del Estado (FGE) informó este martes 19 de agosto de 2025 sobre un nuevo caso de secuestro simulado, en el que una supuesta víctima terminó siendo procesada por simulación de delito. Este hecho se suma a una serie de casos similares registrados a lo largo de este año, que ya suman al menos ocho investigaciones abiertas en diferentes provincias del país.
Según el parte oficial, el más reciente caso ocurrió en la provincia de Pichincha, donde una persona denunció haber sido retenida por un grupo armado que exigía dinero a su familia a cambio de su liberación. Sin embargo, las investigaciones determinaron que el secuestro había sido planificado por la propia denunciante con el fin de obtener beneficios económicos.
El delito de simulación
De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la simulación de delito está tipificada como una infracción grave que busca engañar a las autoridades y distraer recursos estatales. La pena para quienes incurran en esta práctica puede llegar a tres años de prisión, además de sanciones económicas y responsabilidad civil por los daños ocasionados al Estado.
La fiscal del caso, Carolina Silva, explicó que este tipo de denuncias falsas generan una sobrecarga en las unidades especializadas y restan capacidad operativa a los equipos encargados de atender secuestros reales. “Cada minuto invertido en un caso simulado es tiempo perdido para salvar a una víctima verdadera”, señaló.
Afectación a la seguridad
Las autoridades subrayan que la proliferación de estos casos no solo tiene un impacto en el sistema judicial, sino también en la percepción ciudadana sobre la seguridad. En lo que va del 2025, se han registrado más de 400 secuestros extorsivos en Ecuador, muchos de ellos vinculados a grupos del crimen organizado.
La confusión generada por los secuestros simulados complica aún más la labor de las fuerzas del orden y debilita la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y justicia.
Reacciones ciudadanas y políticas
Organizaciones sociales han pedido al gobierno implementar campañas educativas para alertar sobre las consecuencias legales de la simulación de delitos. Asimismo, colectivos de víctimas de secuestro real han condenado estas prácticas, calificándolas de “irresponsables e insensibles” frente al sufrimiento de quienes sí han atravesado por situaciones de violencia extrema.
En la Asamblea Nacional, legisladores de distintas bancadas coincidieron en la necesidad de fortalecer los protocolos de investigación y dotar de mayores recursos a las unidades especializadas en secuestros y extorsiones.
Perspectivas y acciones
La Policía Nacional informó que está trabajando en un sistema de detección temprana para identificar denuncias sospechosas y evitar el mal uso de recursos. Además, la FGE anunció que impulsará procesos judiciales más ágiles contra quienes simulen delitos, con el objetivo de sentar precedentes y reducir la incidencia de estos casos.
El viceministro del Interior, Juan Carlos Ramírez, enfatizó que la simulación de secuestros es un delito que no quedará en la impunidad. “El Estado actuará con firmeza. Fingir un secuestro no es un juego; es un crimen que afecta la seguridad nacional”, advirtió.
