La noche del 4 de agosto de 2025, en una inusual cadena nacional transmitida casi a la medianoche, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, respondieron con firmeza a la decisión de la Corte Constitucional (CC), que suspendió varios artículos de tres leyes fundamentales: la Ley de Inteligencia, la Ley de Integridad Pública y la Ley de Solidaridad Nacional.
Rovira, acompañada por integrantes del Bloque de Seguridad —militares y policías—, reclamó a la Corte una explicación “con cara y fundamentos” sobre la suspensión, que se dio tras la admisión de demandas de inconstitucionalidad. La ministra calificó las leyes como “herramientas para luchar contra el crimen, la impunidad y la desigualdad”, y lamentó que fueran anuladas a través de un simple boletín.
“Es dejar sin efecto las leyes, es dejarnos sin defensa”, denunció Rovira.
Olsen: “¿Quién responde por esta suspensión?”
Por su parte, Niels Olsen no escatimó palabras. Aseguró que la Asamblea Nacional actuó “con mayoría y responsabilidad”, y que la ciudadanía merece una explicación clara y directa. El titular del Legislativo acusó a la Corte de dejar sin respaldo legal a las fuerzas del orden en momentos en que el país atraviesa un conflicto armado interno contra las mafias criminales.
“En este momento no hay puntos intermedios: o se está del lado de quienes defienden a nuestro país, o del lado de quienes les quitan las herramientas”, advirtió Olsen, trazando una línea directa entre legalidad y seguridad.
El trasfondo: leyes suspendidas en plena guerra contra el crimen
La suspensión de unos 17 artículos clave llega en un momento crítico. Las leyes formaban parte del andamiaje legal aprobado tras la declaratoria de conflicto armado interno hecha por el presidente Daniel Noboa para enfrentar al crimen organizado. Para el Ejecutivo, estas normas eran esenciales para operaciones de inteligencia, protección de funcionarios y movilización de recursos.
Una decisión que polariza al país
La crítica no solo apunta a la suspensión, sino también a la forma en que la Corte lo comunicó: mediante un boletín en redes sociales. Tanto Rovira como Olsen consideran que la decisión tiene implicaciones profundas y merece una rendición de cuentas pública y detallada por parte de los magistrados.
Conclusión
La confrontación entre el Gobierno, la Asamblea y la Corte Constitucional refleja una tensión institucional creciente en Ecuador. Mientras el Ejecutivo y Legislativo exigen respaldo legal para combatir el crimen, la Corte insiste en la necesidad de respetar los límites constitucionales. Esta disputa deja al país en una encrucijada: entre la urgencia de seguridad y el respeto al Estado de derecho.
