El sol arde sobre el desierto de Sonora, y en la línea que separa México de Estados Unidos el silencio solo se rompe con el zumbido de los drones y los gritos de quienes intentan cruzar. La frontera más vigilada del planeta vuelve a ser escenario de tragedia. En lo que va de 2025, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha registrado más de 1.200 muertes en la ruta terrestre hacia el norte, convirtiéndola oficialmente en la más mortal del mundo.
La administración del presidente Donald Trump, que volvió al poder en enero de este año, ha retomado una política migratoria de “tolerancia cero”. Las deportaciones se han incrementado un 40 %, y el Tribunal Supremo avaló esta semana la suspensión temporal del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos, nicaragüenses y haitianos.
La decisión desató protestas frente a la Casa Blanca y frente a consulados estadounidenses en Ciudad de México, Quito y Lima. “Nos están condenando a regresar a países donde nuestras vidas corren peligro”, dijo María González, una madre venezolana que lleva dos años en Texas con sus hijos menores.
En paralelo, la tensión en el terreno crece. Los reportes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirman que cárteles mexicanos como Los Chapitos y el Cártel del Golfo controlan tramos enteros del corredor migratorio y ahora imponen “tarifas de paso” a los migrantes. Quien no paga, desaparece.
El mismo informe reveló que las organizaciones criminales han puesto recompensas de hasta 50.000 dólares por agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) y de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que ha elevado el nivel de alerta nacional en Chicago, Phoenix y San Diego.
“Esto ya no es migración, es una guerra no declarada entre la necesidad y el poder”, afirma Luis Sandoval, investigador del Centro de Estudios Fronterizos de la UNAM. “Los migrantes no solo huyen de la pobreza o la violencia. Huyen de la desesperanza”.
Las autoridades estadounidenses justifican sus medidas señalando que las redes de tráfico humano generan más de 13.000 millones de dólares anuales, superando incluso a la industria de la droga en algunas regiones del norte mexicano.
Sin embargo, los refugios de la frontera cuentan otra historia. En el albergue “Casa del Migrante” de Tijuana, más de 2.000 personas —entre ellas ecuatorianos, venezolanos, colombianos y guatemaltecos— esperan una oportunidad para cruzar legal o ilegalmente.
“Antes soñaban con el sueño americano”, dice Héctor Silva, coordinador del refugio. “Hoy solo quieren sobrevivir”.
Muchos llegan tras recorrer la Selva del Darién, en Panamá, un infierno natural de lodo, serpientes y criminales armados. Otros viajan con niños, arriesgándolo todo por un trabajo y una vida sin miedo.
Las imágenes de detenciones masivas en la frontera —mujeres esposadas, niños llorando, agentes con armas largas— han despertado críticas internacionales. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional acusan al gobierno de Estados Unidos de criminalizar el desplazamiento humano y violar tratados internacionales sobre refugio y asilo.
Aun así, la narrativa oficial es contundente: “No vengan. No serán admitidos”.
Mientras tanto, México se debate entre su papel de muro o de refugio. El presidente Andrés Manuel López Obrador (en su último año de gobierno) enfrenta la presión de Washington para endurecer los controles, mientras los estados del sur —como Chiapas y Tabasco— colapsan por la llegada masiva de migrantes.
Las ciudades fronterizas viven una crisis humanitaria sin precedentes: falta agua, comida y medicinas. Los campamentos improvisados se multiplican en plazas, parques y carreteras.
Cada semana, nuevas caravanas parten desde Tapachula con dirección al norte. Saben lo que les espera: calor extremo, extorsión y un muro que parece crecer tanto física como simbólicamente.
El contexto político en Estados Unidos también complica las soluciones. Trump ha prometido construir 1.000 kilómetros adicionales de muro fronterizo, usar al Ejército en funciones migratorias y deportar a “millones de ilegales” antes de fin de año. La oposición demócrata lo acusa de instrumentalizar el miedo con fines electorales.
Sin embargo, las encuestas lo respaldan: el 63 % de los estadounidenses apoya un endurecimiento de la frontera, cansados del caos mediático y del aumento de crímenes atribuidos —con o sin pruebas— a migrantes indocumentados.
La historia se repite, pero con un tono más oscuro. Detrás de cada número hay un nombre, una familia, un país que expulsa a sus hijos porque no tiene futuro que ofrecerles.
Y mientras el mundo debate sobre política y seguridad, miles siguen caminando, con la mirada fija en una línea invisible que separa la esperanza de la tragedia.
