En el corazón del duelo y el llanto, el cementerio Ángel María Canals, uno de los cinco camposantos municipales de Guayaquil, se ha convertido en escenario de una inaceptable explotación criminal. Familias en duelo, ya golpeadas por la pérdida de seres queridos, se enfrentan ahora a una segunda agonía: el pago de hasta $350 para poder sepultar a los fallecidos en este espacio que, por ley, debe ser gratuito.

Una ceremonia empañada por la usura

Este fenómeno quedó al desnudo cuando Mariana acudió al cementerio para enterrar a su padre, quien había fallecido tras una larga enfermedad. Le informaron que el entierro era gratuito por cuatro años, pero que era obligatorio construir un túmulo de cemento. Lo que no le advirtieron fue el precio de este requisito impuesto.

Cuando Mariana llegó al cementerio, hombres encargados del lugar la interrogaron sobre su padre: ¿tenía tatuajes? ¿formaba parte de alguna banda? —le preguntaron—. A continuación, le impusieron un cobro de $350. Una cifra que, según supo luego, era una extorsión directa. Construir el túmulo por cuenta propia le habría costado alrededor de $100.

Negociación sin compasión

Su hermana, Flor, intentó interceder con argumentos legales: era un derecho de las familias acceder a este servicio gratuito. Logró reducir el monto a $250 con esfuerzo. Pero al día siguiente, en pleno velorio, el monto volvió a subir: $300.

El caso de Mónica refleja una historia aún más desgarradora. Para enterrar a su madre, le exigieron $250, aunque solo disponía de $200. Tuvo que endeudarse con vecinos y con un "chulquero" —un prestamista informal con intereses de hasta un 20% mensual, conectado a estas mafias—. “Yo solo quería despedirme de mi mamá”, lamenta.

Estadísticas que estremecen

Las extorsiones en cementerios no son casos aislados, sino parte de un fenómeno en expansión. En 2023 se registraron 17.597 casos de extorsión en Ecuador; esa cifra subió a 20.293 en 2024, y solo hasta mayo de 2025 ya se suman 4.569 denuncias. Estas cifras evidencian el avance de estas redes criminales dentro de espacios públicos destinados al duelo.

El municipio guarda silencio

Pese a las reiteradas denuncias, el Municipio de Guayaquil, que administra estos cementerios, permanece en silencio. Aunque medios consultaron a sus autoridades, prometieron enviar una respuesta, pero al cierre de la edición —y hasta ahora— ninguna se ha concretado. El cartel de entrada incluso anuncia que todos los servicios son gratuitos, lo que contrasta con la realidad de estos cobros ilegales.

La anatomía de una extorsión institucionalizada

Lo más perturbador es cómo estas mafias han logrado infiltrar un espacio dedicado al duelo, transformándolo en una trampa económica. Bajo apariencia de normalidad administrativa —como el requisito de construir un túmulo—, se han establecido tarifas predatorias.

Los precios no son fijos: dependen de la percepción sobre la familia o el fallecido. Según testimonios, si el difunto tenía un tatuaje o antecedente delictivo, el costo aumentaba. Las mafias también convencen a las familias de negociar, como en el caso de Flor, solo para volver a elevar la tarifa tras aceptar el pago.

La mayoría de estas víctimas no denuncia por temor y desamparo. “Sentí impotencia”, expresó Mariana. “Aquí las bandas son las que mandan. A nadie le importa el dolor ajeno.” Esta declaración resume el clima de miedo, indiferencia institucional y la rendición de ciudadanos frente al abuso.