Quito, Ecuador — La tensión entre el Ejecutivo y el sistema judicial de Ecuador alcanzó un nuevo punto álgido este viernes, cuando el presidente Daniel Noboa anunció una convocatoria a una movilización ciudadana para "hacer escuchar la voz del pueblo frente a la inacción de la Corte Constitucional". Esta acción ocurre en pleno contexto de tres proyectos de ley declarados de "asunto urgente" que fueron suspendidos parcialmente por el tribunal, generando un pulso político sin precedentes.
Desde Carondelet, el mandatario calificó las decisiones del tribunal como un intento de frenar el avance legislativo en momentos clave para la reforma institucional. "No se trata de un ataque a la Corte, sino de ejercer presión pacífica para que los temas urgentes, que impactan la seguridad y la estabilidad del país, puedan avanzar sin obstáculos innecesarios", declaró Noboa durante una entrevista televisada. La convocatoria, según él, será pacífica y enfocada en respaldar iniciativas que, asegura, buscan mejorar la vida de los ecuatorianos.
Inmediatamente, sectores de la oposición, organizaciones de la sociedad civil y figuras de la judicatura calificaron la medida como peligrosa para la independencia judicial. Más de una decena de colectivos anunciaron su rechazo, argumentando que la convocatoria presidencial vulnera la separación de poderes al incitar a la ciudadanía a presionar a un tribunal cuya autonomía está garantizada por la Constitución.
Abogados constitucionalistas consultados señalan que esta estrategia recuerda fórmulas usadas por gobiernos anteriores para cooptar instituciones y erosionar los equilibrios democráticos. “Convocar manifestaciones para influir en decisiones judiciales socava la confianza institucional. Es una forma sutil de coacción política”, afirmó Marisol López, experta en derecho público.
Pese a las críticas, en las calles hubo reacciones mixtas. Sectores afines al gobierno anunciaron su respaldo y manifestaciones de apoyo en distintos puntos del país. En redes sociales, miles respaldaron la iniciativa con hashtags como #DefendamosLasLeyes y #EcuadorSinBloqueos, mientras que otros usuarios promovían el contramanifestación bajo etiquetas como #NoAHonduras y #SeparaciónDePoderes.
En paralelo al anuncio de las mobilizaciones, la Corte Constitucional aprobó una pregunta vinculada al referendo propuesto por Noboa para considerar la posibilidad de permitir bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, un tema que hasta ahora estaba vetado constitucionalmente. Este giro legislativo intensificó aún más el escenario de confrontación: mientras el Ejecutivo habla de “modernización estratégica”, sectores civiles y políticos denuncian que podría implicar pérdida de soberanía.
Entretanto, varios analistas advierten que el anuncio de protestas puede tener un efecto polarizante en un país que ya atraviesa divisiones profundas. A esto se suman factores económicos como el aumento del desempleo juvenil, inseguridad en zonas urbanas y tensiones productivas en sectores como la exportación agrícola.
El respaldo o la resistencia a la propuesta dependerá, en gran medida, del desarrollo de la movilización anunciada y de la capacidad de diálogo entre poderes. Lo cierto es que el país se adentra en una semana clave: si la Corte mantiene su postura actual, el Ejecutivo podría consolidar su narrativa de bloqueo institucional; si, por el contrario, el tribunal retrocede, podría abrirse una nueva etapa de confrontación ampliada en las calles y los tribunales.
Mientras tanto, la pregunta pendiente es si estas protestas derivarán en legitimación política para Noboa o intensificarán la percepción de una institucionalidad en jaque. En cualquier caso, el Ecuador vive hoy un momento decisivo en su historia democrática reciente.
