En una decisión sin precedentes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado una reforma estructural del aparato estatal que incluye el despido de 5.000 empleados públicos, la reducción del número de ministerios de 20 a 14 y la eliminación de varias secretarías nacionales. Según el gobierno, esta medida forma parte de un plan integral de modernización y eficiencia del Estado, con el objetivo de reducir el gasto público y cumplir con los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El presidente sostuvo que el exceso de burocracia ha afectado la capacidad operativa del Estado y que la reestructuración busca garantizar una administración más ágil, con menos instituciones y mejores resultados. Sin embargo, el anuncio ha generado reacciones intensas. Gremios de trabajadores públicos y sindicatos han expresado su rechazo, señalando que miles de familias se verán afectadas y que la medida pone en riesgo la provisión de servicios esenciales en salud, educación y seguridad.
Además, expertos han advertido que la reducción de entidades podría significar la eliminación de programas sociales y de políticas públicas claves, como cultura, igualdad de género, juventud y derechos humanos. Algunos sectores han cuestionado la falta de diálogo y transparencia en el proceso, advirtiendo que el recorte podría derivar en un conflicto social.
Noboa ha manifestado que esta es solo la primera fase de una reestructuración profunda del Estado, anticipando más reformas para los próximos meses. Mientras tanto, la ciudadanía observa con incertidumbre cómo se configura un nuevo mapa institucional en medio de tensiones políticas, una economía frágil y crecientes desafíos sociales.
