El presidente Daniel Noboa anunció recientemente una serie de medidas de austeridad como parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre las que destaca la decisión de fusionar el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Gobierno. Esta disposición, que se enmarca dentro de la reducción del aparato estatal, ha generado una fuerte controversia en el país, especialmente debido al dramático contexto que atraviesan las mujeres en Ecuador: un aumento alarmante de los casos de feminicidio.
De acuerdo con cifras de organizaciones sociales, en lo que va de 2025 se han registrado más de 200 feminicidios, de los cuales al menos 12 corresponden a menores de edad. Esto significa que, en promedio, cada 30 horas una mujer es asesinada por razones de género en Ecuador. Los colectivos feministas denuncian que el Estado ha fallado en garantizar políticas de prevención, protección y sanción efectivas, y que la medida de Noboa constituye un retroceso inaceptable en los derechos conquistados.
La polémica se agravó cuando se conoció que, además de la fusión ministerial, el presupuesto destinado al área de la Mujer se redujo en un 23 % en comparación con el año anterior. Esto impactará directamente en programas de atención a víctimas de violencia, refugios y campañas de concientización, lo cual genera preocupación sobre la capacidad del gobierno para atender esta emergencia nacional.
Desde el oficialismo se argumenta que la decisión responde a la necesidad de cumplir con las metas fiscales impuestas por el FMI y de mejorar la eficiencia en el uso de recursos. Noboa defendió su postura asegurando que “no se trata de eliminar la protección a las mujeres, sino de integrarla dentro de una estructura más amplia que permita coordinar mejor con la seguridad ciudadana”. Sin embargo, estas declaraciones no han convencido ni a colectivos sociales ni a la oposición política.
El anuncio provocó protestas en Quito, Guayaquil y Cuenca, donde cientos de mujeres salieron a las calles con pancartas que decían: “Ni un recorte más” y “Nuestros derechos no se negocian”. Varias organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y ONU Mujeres, también han expresado su preocupación por el debilitamiento de las instituciones encargadas de garantizar la equidad de género y la protección frente a la violencia.
Analistas señalan que la medida puede tener costos políticos para Noboa, ya que se percibe como una falta de sensibilidad frente a uno de los problemas más graves del país. En medio de la crisis económica y de seguridad, la violencia de género se ha convertido en un desafío social que requiere mayor atención y recursos.
El debate sigue abierto en la Asamblea Nacional, donde se discuten mociones para exigir al Ejecutivo que revierta la decisión y restituya la autonomía del Ministerio de la Mujer. Por ahora, la incertidumbre persiste, y las organizaciones sociales aseguran que mantendrán la presión en las calles y en los tribunales nacionales e internacionales.
