Mientras el país se prepara para un referéndum que podría modificar elementos esenciales de la Constitución, en las calles ya se libra otra batalla: el paro nacional convocado por la CONAIE y diversos colectivos sociales en rechazo a políticas consideradas injustas, como la eliminación del subsidio al diésel.
El presidente Daniel Noboa llegó sorpresivamente a Otavalo en la madrugada y se hospedó en un hotel, rodeado de fuertes medidas de seguridad. Decenas de manifestantes protestaron al grito de “¡Fuera Noboa!”, denunciando presencia de supuestos infiltrados, recriminando decisiones tomadas sin consenso y exigiendo mayor sensibilidad hacia sectores rurales y vulnerables.
Este escenario refleja una tensión clásica en democracia: las decisiones políticas que se toman desde el poder central —aunque legalmente autorizadas— pueden desencadenar rupturas sociales si no van acompañadas de escucha, participación y mecanismos de compensación. Cuando se obliga a la población a pagar el costo del ajuste económico sin mitigar el impacto social, se genera resentimiento, desigualdad visible y polarización.
El paro es un recordatorio de que los ajustes presupuestales, las reformas económicas y las decisiones técnicas no pueden concebirse en abstracto. Detrás de cada decisión están familias que dependen del transporte, agricultores que sobreviven con márgenes bajos, comunidades rurales que sienten que no fueron consultadas. La política económica debe acompañarse de políticas sociales: subsidios focalizados, programas de transición, compensaciones, diques de seguridad.
Aun más, el hecho de que las protestas surjan con fuerza simultánea al proceso del referéndum sugiere que la ciudadanía no está dispuesta a aceptar decisiones constitucionales que no le parezcan legítimas. Si un cambio constitucional se impone sin construcción social—sin debate público profundo—puede ser percibido como arbitrario, incluso si cumple requisitos legales.
El desafío para el gobierno no es solo contener las protestas, sino transformar la crisis en diálogo vivo. Abrir espacios de participación local, mantener interlocución con comunidades, garantizar transparencia en el uso de los recursos y mostrar que las reformas no son imposiciones sino pactos. Si se construye lentamente legitimidad, incluso las medidas difíciles pueden tener soporte ciudadano.
Finalmente, el paro recuerda algo esencial: la democracia no es solo votar cada cierto tiempo, sino poder ejercer presión, demandar cuentas y sentir que el gobierno es responsable ante la ciudadanía. Si las élites políticas se olvidan de ese componente vital, la gobernabilidad se erosiona, y los cimientos institucionales tiemblan.
