El gobierno ecuatoriano anunció un nuevo golpe contra el crimen organizado tras la detención de 14 personas vinculadas con la masacre de 22 personas en Guayaquil, ocurrida el mes pasado en medio de disputas entre bandas del narcotráfico. Paralelamente, el presidente Daniel Noboa emitió un decreto de emergencia portuaria que otorga al Estado el control temporal de los puertos privados del país, con el objetivo de frenar el tráfico de drogas, armas y contrabando.
Estas decisiones, aunque celebradas por sectores ciudadanos, han generado críticas políticas y legales sobre la constitucionalidad de las medidas, en un contexto de creciente violencia y tensión institucional.
🔫 La masacre que estremeció a Guayaquil
La madrugada del 12 de septiembre, un comando armado irrumpió en un barrio del sur de Guayaquil, dejando una escena de horror: 22 personas muertas y al menos 10 heridas. Las autoridades identificaron el ataque como parte de una disputa territorial entre bandas narcodelictivas, principalmente “Los Choneros” y “Los Tiguerones”, que se disputan las rutas de envío de cocaína hacia el extranjero.
Tras varias semanas de investigación, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado ejecutaron una operación conjunta en la que participaron más de 400 efectivos. Los allanamientos se realizaron en sectores de Durán, Samborondón y el Guasmo Sur, logrando la captura de los presuntos implicados, entre ellos un ciudadano colombiano considerado financista de la red.
Durante el operativo, se incautaron armas automáticas, fusiles de asalto, granadas, chalecos antibalas, celulares y dinero en efectivo, además de varios vehículos utilizados en la logística de los ataques. El general César Zapata, comandante general de la Policía, aseguró que se trata de un “golpe estructural” al crimen organizado que controla buena parte del tráfico de drogas en la Costa.
“Guayaquil se ha convertido en un epicentro del crimen transnacional, y estamos actuando con fuerza para recuperar la paz”, declaró el ministro del Interior, Juan Zapata.
⚓ Control estatal de los puertos
Pocas horas después del anuncio de las detenciones, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 694, mediante el cual el Estado ecuatoriano asume temporalmente el control de los puertos privados del país, entre ellos Guayaquil, Manta, Esmeraldas y Posorja.
Según el decreto, las Fuerzas Armadas y la Unidad de Control Portuario supervisarán las operaciones marítimas, la seguridad de los contenedores y las rutas de exportación, con el objetivo de frenar el contrabando y el envío de droga hacia Europa y Estados Unidos.
El mandatario explicó que el tráfico ilícito en los puertos ecuatorianos ha alcanzado niveles alarmantes. Solo en lo que va de 2025, se han incautado más de 110 toneladas de cocaína, y se calcula que el 70 % de las exportaciones marítimas pasan por terminales privadas.
“El crimen organizado ha infiltrado la economía portuaria. No podemos permitir que el país siga siendo una base logística del narcotráfico”, afirmó Noboa durante una cadena nacional.
⚖️ Polémica política y legal
La medida ha sido recibida con críticas por parte de la oposición y los gremios empresariales, que acusan al gobierno de extralimitarse en sus competencias. El expresidente de la Asamblea, Fernando Villavicencio (hijo), cuestionó la legalidad del decreto al señalar que “el control estatal de puertos privados requiere una reforma constitucional o un estado de excepción específico”.
La Cámara Marítima del Ecuador (CAMAE) advirtió que el decreto podría “afectar la confianza de inversionistas y la estabilidad del comercio internacional”. A su vez, juristas sostienen que militarizar los puertos privados podría vulnerar el derecho a la libre empresa y los contratos de concesión vigentes.
Pese a las críticas, el gobierno ha insistido en que la intervención es temporal y que busca únicamente reforzar la seguridad portuaria. El ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, declaró que las Fuerzas Armadas actuarán “con pleno respeto al orden constitucional y en coordinación con la Policía”.
🌐 Contexto internacional y reacciones
Guayaquil, una de las ciudades más violentas de América Latina, ha sido catalogada por la ONU como un punto estratégico del narcotráfico global. Los puertos ecuatorianos son utilizados por redes internacionales que operan junto a cárteles de México, Colombia y los Balcanes.
Analistas internacionales advierten que el incremento del control militar en los puertos podría reducir los envíos ilegales en el corto plazo, pero si no se acompaña de reformas estructurales y transparencia institucional, el problema podría desplazarse a otras zonas costeras.
“El desafío no es solo militar, es estructural: la corrupción, la pobreza y la falta de oportunidades siguen alimentando estas redes criminales”, señaló la analista en seguridad Carolina Andrade.
🔮 Perspectivas
El gobierno ecuatoriano enfrenta el dilema de reforzar la seguridad sin vulnerar el marco constitucional. Mientras tanto, Guayaquil sigue siendo el reflejo de un país que lucha contra el crimen con medidas de emergencia, pero sin soluciones de fondo.
El éxito o fracaso de este decreto marcará un precedente clave en la lucha contra el narcotráfico y en la relación entre el Estado y el sector privado.
