Convocar a una Asamblea Constituyente en Ecuador: implicaciones políticas, sociales y económicas.
La posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente en Ecuador ha resurgido como un tema de debate en el escenario político nacional. Este mecanismo, contemplado en la Constitución de Montecristi de 2008, permite que la ciudadanía, mediante un proceso de consulta popular, decida si desea conformar una nueva asamblea con plenos poderes para redactar una nueva Carta Magna o reformar de manera integral la vigente.
🔹 El procedimiento legal
Según lo estipulado en la Constitución, una Asamblea Constituyente solo puede ser convocada a través de un referéndum ciudadano. En dicho plebiscito, el electorado debe responder si aprueba o no la instalación de este órgano extraordinario. De obtener el respaldo popular, se procederá a elegir a los asambleístas constituyentes, quienes asumirían la tarea de redactar el nuevo texto constitucional. Durante este proceso, la Asamblea tendría plenos poderes, lo que le permitiría incluso suspender temporalmente a otras funciones del Estado.
🔹 Posibles objetivos
Los promotores de esta iniciativa suelen señalar como razones principales:
- Reestructuración institucional para reducir la fragmentación política y mejorar la gobernabilidad.
- Reformas en materia de justicia y seguridad, en un contexto marcado por el auge del crimen organizado.
- Redefinición de derechos sociales y económicos, adaptándolos a los desafíos actuales del país.
- Nuevos modelos de democracia directa, que otorguen mayor participación ciudadana.
🔹 Riesgos y desafíos
Sin embargo, analistas advierten que abrir la puerta a una Asamblea Constituyente también implica altos riesgos. El primero es la incertidumbre política, pues el nuevo órgano tendría la potestad de rehacer el marco institucional desde cero, lo que podría generar inestabilidad en la transición. Asimismo, se corre el peligro de que el proceso sea utilizado con fines partidistas y no como un espacio plural de construcción nacional.
En el ámbito económico, expertos señalan que la sola convocatoria podría generar desconfianza en los mercados, afectando inversiones y la estabilidad financiera. Al mismo tiempo, el costo del proceso —que incluye la organización del referéndum y la elección de constituyentes— supondría un gasto significativo para un Estado con limitaciones presupuestarias.
🔹 El debate en la sociedad civil
Diversos sectores sociales, movimientos indígenas, sindicatos y colectivos ciudadanos han mostrado interés en el tema, al considerar que una Constituyente podría abrir un espacio de representación más amplio y plural. No obstante, otros grupos advierten que la experiencia de 2007-2008 dejó luces y sombras, y que repetir un proceso similar debe hacerse con cautela para no profundizar divisiones políticas.
🔹 Un escenario abierto
Por ahora, la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente en Ecuador permanece en el terreno del debate político y ciudadano. Si bien se la considera una herramienta legítima para rediseñar el futuro del país, también es vista como un mecanismo que puede traer consigo riesgos de inestabilidad y polarización.
En un contexto de crisis política, social y económica, la discusión sobre una nueva Constituyente refleja la búsqueda de soluciones estructurales que respondan a los desafíos del presente. No obstante, el reto principal será garantizar que cualquier proceso de cambio constitucional mantenga como eje el interés colectivo y la gobernabilidad democrática.
