El Ejecutivo ecuatoriano ha dado un paso trascendental en materia institucional: propone convocar una
Asamblea Constituyente con el fin de redactar una nueva Constitución para el país. Esta iniciativa fue formalizada mediante el
Decreto Ejecutivo 148, emitido el 19 de septiembre de 2025, que plantea una pregunta directa a la ciudadanía: “¿Está usted de acuerdo con que se convoque e instale una Constituyente de 80 miembros para redactar una nueva Carta Política?” La respuesta dependerá del pueblo, quien deberá pronunciarse en una consulta popular.
¿Cómo funcionaría la Asamblea Constituyente?
De acuerdo con la propuesta, la nueva Constituyente será un organismo temporal de 180 días, prorrogables si se requiere. Tendrá la tarea de redactar una carta política desde cero, con el objetivo de generar un nuevo pacto institucional que permita sortear crisis políticas, diferendos sociales y bloqueos institucionales.
Los
80 miembros que la compondrían serían elegidos bajo un sistema proporcional establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), distribuidos por provincias, mediante lista nacional y circunscripciones en el exterior. Una vez que la propuesta constitucional esté lista, deberá someterse a referéndum para su aprobación definitiva.
Motivos detrás de la propuesta
El editorial de
El Comercio subraya que la Constitución actual, conocida como Constitución de Montecristi (2008), es excesivamente detallada. Esa detallación, argumentan quienes proponen la nueva constituyente, ha generado rigidez institucional, falta de margen de maniobra para el ejecutar decisiones, una intensa judicialización de la política, y obstáculos para hacer reformas ágiles.
Además, se identifica que la crisis política, los episodios de violencia, la parálisis legislativa y otros conflictos institucionales requieren un nuevo marco que devuelva estabilidad, legitimidad y capacidad de acción al Estado. Se considera que la sociedad demanda un pacto social renovado y transparente.
Críticas y riesgos señalados
A pesar de las aspiraciones, el proceso ya genera controversia. Uno de los principales puntos de reclamo es que el Ejecutivo
omitió pasar el borrador de convocatoria por la Corte Constitucional, lo que muchos consideran un paso esencial. Esa institución suele ejercer filtros de constitucionalidad sobre preguntas de consulta, estatutos electorales y anexos, asegurando que cumplan los márgenes legales de la Constitución vigente. Saltarse ese control puede implicar debilitar la independencia de los poderes del Estado.
También se advierte que una constituyente sin consensos sólidos corre el riesgo de derivar en un texto polarizante, que exacerbe divisiones políticas o dé espacio para concentraciones de poder. La historia constitucional en América Latina registra casos en que procesos similares han sido usados para replantear no solo la institucionalidad, sino para favorecer intereses partidistas o presidenciales, en detrimento de equilibrios institucionales.
Balance: ¿una oportunidad histórica?
Pese a los riesgos, muchos observadores ven en esta propuesta una oportunidad real para modernizar el Estado, actualizar derechos ciudadanos, simplificar institucionalidades y resolver bloqueos legales o administrativos que frenan el desarrollo. Para ellos, la Constituyente podría aportar reformas estructurales urgentes en áreas como justicia, control de poderes, derechos fundamentales, organización territorial, participación ciudadana, transparencia, entre otras.
El editorial de
El Comercio sostiene que lo esencial ahora es asegurar que este proceso sea
legítimo y
duradero. Que no esté marcado solo por pactos de corto plazo o cálculos políticos inmediatos, sino por una base de diálogo amplio que incluya a múltiples actores: partidos, organizaciones sociales, pueblos indígenas, sectores productivos, academia y ciudadanía en general. Solo así, se argumenta, la nueva Constitución podrá servir como marco efectivo para resolver la crisis política y social que atraviesa el país.
Conclusión
El Ecuador se encuentra ante una encrucijada institucional. La convocatoria de una Asamblea Constituyente representa una apuesta fuerte para refundar el contrato social que rige la convivencia política en el país. Si bien existen riesgos claros —saltos institucionales, falta de consenso, posibilidad de concentración de poder—, también hay una ventana de oportunidad: la de generar una Constitución más ágil, representativa, democrática y acorde con los desafíos contemporáneos.
El mejor camino no pasará solo por la intención, sino por los procedimientos: que sean transparentes, participativos, constitucionales y sometidos a controles. Solo así la ciudadanía podrá confiar en que esta nueva aventura constitucional no termine siendo una fuente de más conflictos, sino el punto de partida para una institucionalidad renovada.
