Quito, 17 de septiembre del 2025.

La posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente en Ecuador vuelve a colocarse en el centro del debate nacional. El presidente Daniel Noboa ha reiterado que considera necesario abrir un proceso de cambio constitucional para dar respuesta a los desafíos de seguridad, justicia y gobernabilidad que enfrenta el país.

La propuesta incluye la instalación de una Asamblea Constituyente que sustituya a la actual Carta Magna, vigente desde 2008. Entre las opciones, se ha sugerido que la ciudad de Riobamba podría acoger las sesiones de este eventual órgano, que tendría la tarea de redactar un nuevo marco constitucional.

Sin embargo, el escenario legal presenta múltiples restricciones. La Corte Constitucional (CC) ha recordado que cualquier iniciativa de este tipo debe apegarse a los mecanismos contemplados en la ley: una consulta popular que habilite el proceso, la elección de representantes constituyentes y un referéndum para aprobar la nueva Constitución.

En semanas recientes, la CC desestimó un pedido ciudadano para conformar una Constituyente, al señalar que la propuesta no cumplía los requisitos establecidos. Este precedente reafirma que no existe un atajo jurídico que permita acelerar o simplificar el proceso.

Ante esta situación, el Ejecutivo evalúa alternativas. Una de ellas sería avanzar con reformas parciales a la Constitución mediante la Asamblea Nacional, lo que podría representar un camino más directo y con menor nivel de conflictividad política.

Las reacciones frente a la iniciativa son diversas: mientras ciertos sectores consideran la Constituyente como una salida estructural a los problemas del Estado, otros alertan que podría abrir un periodo prolongado de inestabilidad y desgaste institucional.

Por ahora, la posibilidad de una Asamblea Constituyente permanece como una propuesta en discusión, cuyo destino dependerá de la correlación de fuerzas políticas y, en última instancia, de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.