Quito, 7 de agosto de 2025 — En los últimos días, el gobierno del presidente Daniel Noboa ha implementado una serie de medidas institucionales que han encendido las alarmas entre ambientalistas, líderes indígenas y organizaciones civiles. Estas reformas —que incluyen la fusión del Ministerio del Ambiente con el de Energía y Minas, la apertura de concesiones extractivas y una ley que regula a las ONGs— están siendo calificadas como un retroceso que podría erosionar el legado ambiental de Ecuador.

Fusión ministerial: “poner al lobo a cuidar las ovejas”

El 24 de julio de 2025, mediante el Decreto Ejecutivo 60, se anunció la reducción del gabinete de 20 a 14 ministerios. Entre las fusiones más controversiales está la del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) con el Ministerio de Energía y Minas, formando una nueva entidad dirigida a gestionar la política ambiental junto con la promoción de actividades extractivas. Esta decisión fue presentada por el gobierno como un esfuerzo por reducir burocracia y optimizar recursos, pero, para muchos expertos, representa un grave conflicto de intereses y una pérdida de autonomía en la fiscalización ambiental.

¿Un retroceso institucional consolidado?

Organizaciones ambientalistas han sido categóricas en su rechazo. Natalia Greene de la Cedenma denunció que esta “no es una medida de eficiencia”, sino una maniobra para profundizar el extractivismo, “como poner al ratón a cuidar el queso”. Por su parte, Ricardo Buitrón, de Acción Ecológica, calificó la unificación como un claro retroceso en los controles ambientales, ya que la entidad encargada de proteger ecosistemas ahora está subordinada a intereses productivos. En Quito, colectivos como Rebelión o Extinción Ecuador también expresaron su preocupación: “La naturaleza no tiene voz”, alertaron durante una protesta frente al Ministerio.

Extractivismo sobre conservación

Este contexto va acompañado de decisiones concretas en materia extractiva. Se han reabierto nuevas concesiones mineras en todo el país —incluidas zonas amazónicas— bajo el argumento de combatir la minería ilegal, que está presente en 18 de las 24 provincias. No obstante, expertos y líderes indígenas advierten que esta apertura favorece a grandes inversionistas sin atacar el problema estructural ni proteger adecuadamente a las comunidades afectadas.

Más grave aun, se aprobó una ley que permite que entidades privadas y extranjeras co-manageen áreas de conservación. Ambientalistas temen que esto debilite la protección de territorios críticos, como los rezagados por la histórica votación que prohibió el petróleo en el Parque Nacional Yasuní.

Cerrando espacios para la sociedad civil

La transformación institucional va de la mano con políticas para regular y vigilar rigurosamente a las organizaciones no gubernamentales. Más de 71.000 ONGs deben ahora registrarse nuevamente, presentar información financiera detallada y revelar sus fuentes de financiación en plazos estrictos. Criticado como una “ley anti‑ONG”, el proyecto ha sido interpretado como un mecanismo para acallar a la sociedad civil —un paso más hacia la criminalización de la defensa ambiental e indígena.

Consecuencias para el Ecuador verde

Estas medidas han provocado una fuerte movilización de colectivos ecológicos, ambientales y comunidades indígenas que amenazan con llevar el caso a instancias nacionales e internacionales, incluyendo respuestas legales, protestas ciudadanas y apelaciones ante organismos de derechos humanos.

Expertos como el economista Alberto Acosta denominan estas iniciativas como una “aberración”, que socava la independencia institucional y parece primar los intereses extractivos sobre el principio constitucional de los derechos de la naturaleza.