Juicio de lesa humanidad: una sala llena de personas que esperan justicia.

Quito, 7 de enero del 2025.,

Por: Mayra Caiza y Rommel Aquieta

“Soy inocente, jamás he tocado la dignidad de Luis Vaca”, dijo el exgeneral Nelson Enríquez a los tres jueces del Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia.

Acompañado de su abogado, el exgeneral decidió dar su testimonio, pero antes su abogado aclaró que sería sin juramento y sin contrainterrogatorio. Sentado en la silla de los testigos, el exgeneral empezó a hablar: “Mi comandante [Mario] Apolo me dio la disposición de que iba a dejar a [Luis] Vaca en su domicilio. Yo no podía oponerme. Lo vi en la habitación, la puerta estaba semiabierta. Vaca estaba con calentador, sentado al pie de la cama. A mí me dieron la disposición de dejarlo en su residencia en Ibarra. Lo retiré, fui con el conductor de guardia. Vaca estaba nervioso. Me dijo que era parte de Alfaro Vive Carajo y que había proporcionado información. Tenía miedo de que exista retaliación en su contra. Él nos indicó donde vivía. Al siguiente día di parte al comandante Apolo. Había cumplido la disposición”.

El público en la sala de audiencia lo escucha atentamente. Cada vez son menos personas: diez o veinte asistentes en comparación a la sala casi repleta de los primeros días de juicio. Son familiares de los exmilitares y de las víctimas, los principales espectadores que siguen cada relato.

El juicio de lesa humanidad fue investigado en más 77 expedientes, informes y certificados fueron presentados ante los jueces. Foto: Corte Nacional de Justicia.

“No fui miembro de la Compañía de Contrainteligencia Quito (CIQ) y menos su comandante”, dijo el exgeneral con una voz pausada y sosteniendo el hilo conductor de su declaración: “La primera vez que tuve contacto con Vaca fue el 18 de marzo de 1988”. Esa madrugada Vaca fue liberado.

El fiscal Leonardo Alarcón y los equipos de defensa técnica de las víctimas y los procesados tenían preguntas. No pudieron hacerlas porque el exgeneral no aceptó. El juez ponente, Javier de la Cadena, solicitó a las partes mencionar las preguntas que iban a realizar para que quede constancia en el acta de audiencia.

El exgeneral Enríquez fue parte del Agrupamiento Escuela Inteligencia Militar (AEIM) y de la Compañía Contrainteligencia Quito (CIQ), asegura la Fiscalía. También varios de los testigos convocados en este juicio lo identificaron como P2, es decir, un agente de inteligencia que vestía de civil en las instalaciones militares.

Este Tribunal ratificará su inocencia o lo condenará a él y a los excomandantes del AEIM, Juan Viteri y Mario Apolo, al exministro de Defensa, Luis Piñeiros; al exdirector de Inteligencia Militar, Manuel Delgado; y al médico del AEIM, Fernando Ron, juzgados por el presunto crimen de lesa humanidad, ocurrido en la década de los 80 en el país, en contra de Francisco Jarrín, Luis Vaca (+) y Susana Cajas, exmilitantes de Alfaro Vive Carajo (AVC).

De derecha a izquierda. Susana Cajas junto a Alexandra Jarrín, viuda de Luis Vaca y sus hijas. Foto: Corte Nacional de Justicia

“Para ingresar al AEIM hay que identificarse en la garita y luego avanzar por un camino empedrado hacia el edificio, en Conocoto”, dijo Edgar García, quien realizó el reconocimiento del lugar en 2014 como parte de su trabajo pericial dentro del caso.

Susana Cajas ingresó, junto a García y personal de la Fiscalía, a las instalaciones militares donde fue trasladada luego de su detención ilegal en 1985. Entraron al edificio, identificaron oficinas, atravesaron pasillos, bajaron gradas y llegaron a un sótano. Recorrieron algunos cuartos oscuros y seis celdas cuya extensión era de dos metros por dos metros, tenían puertas de metal y cerrojos oxidados. Al otro lado de estas instalaciones notaron dos celdas todavía más pequeñas, cada una de un metro y medio. “Aquí estuve detenida”, dijo Cajas reconociendo el lugar afirma el perito al Tribunal que lo escucha atento mientras describe su trabajo de reconocimiento, que ahora forma parte de las pruebas en el juicio, al igual que un parte militar de inteligencia donde se registró la detención de los tres militantes y la solicitud de un «interrogatorio especial» en su contra, luego de que existieran contradicciones entre sus versiones individuales.

Parte militar sobre la detención de Francisco Jarrín, Luis Vaca y Susana Cajas. Fuente: Archivo Nacional del Ecuador.

Luis Vaca y Francisco Jarrín confirmaron que en ese lugar no solo estuvieron detenidos sino que los golpearon, interrogaron y torturaron. “Estábamos en el subsuelo de un edificio en el interior de un cuartel, en unas celdas […] estas tenían una ventana pequeña que se abría sólo para ver quién estaba ocupándolas. Cuando salíamos al interrogatorio (tortura) nos sacaban encapuchados y en la misma planta del edificio nos dirigían a unos cuartos vacíos sin muebles. Nos desvestían, nos mojaban con agua helada y venía el interrogatorio acompañado de electricidad, patadas y golpes todo el tiempo, siempre sometidos a semi ahogos, sin dejarnos dormir, sin alimentación”, dijo Luis Vaca en su testimonio a la Comisión de la Verdad años atrás.

A Susana Cajas la desnudaron, la manosearon y la violentaron sexualmente repetidas veces. Le aplicaron descargas eléctricas en su cuerpo, en sus senos, en sus nalgas. Quince días después, ella y Jarrín fueron liberados, pero Luis Vaca se quedó retenido. Cajas y Jarrín fueron abandonados con los ojos vendados cerca de una quebrada, minutos después agentes policiales del Servicio de Investigación Criminal (SIC-10) los detuvieron y los trasladaron al Centro de Detención Provisional (CDP) en Quito. Días después, Jarrín fue liberado y Cajas, tras enfrentar un juicio por adulteración de un documento, fue sobreseída.

Luis Vaca se quedó detenido e incomunicado desde el día de su detención, 10 de noviembre de 1985, hasta el 18 de marzo de 1988, en el AEIM. Juan Raúl Viteri fue comandante del Agrupamiento en esa época. Este cargo lo asumió desde noviembre de 1984 a noviembre de 1987, fecha en la que entregó el mando a Mario Apolo.

Juan Raúl Viteri camina lento, lleva traje y tiene una mirada profunda y silenciosa. Cuando la audiencia entra en receso conversa siempre con sus familiares y otros coroneles y generales en servicio pasivo que lo rodean. A veces se sienta entre el público hasta que lleguen los jueces. “Ya no escucha”, dice su abogado Xavier Mejía. Por este motivo Viteri no rindió su testimonio en la audiencia de juicio. La defensa técnica del excomandante presentó más de 25 pruebas documentales para defender a un “hombre de honor”, como sus abogados lo nombran.

Sus pruebas cuestionan la objetividad de la Fiscalía General del Estado en el proceso judicial. Como prueba principal, el equipo jurídico incluyó la nómina de los directores de inteligencia y comandantes del AEIM, entre 1984 a 1988, sosteniendo con ella que la Fiscalía no llamó a cuatro comandantes que también fueron parte del AEIM entre 1985 a 1987. El equipo legal de Viteri criticó la independencia del Informe de la Comisión de la Verdad y señaló que en la Directiva Interna para el Plan de Seguridad, en el Plan de Seguridad Nacional y en el Plan contra la Guerrilla de la Fuerza Pública la hipótesis de guerra no incluye a la sociedad civil.

A partir de este último argumento, los abogados del excomandante sostienen que Alfaro Vive Carajo “no es sociedad civil, sino una guerrilla armada que cometía delitos: asesinatos, robos y secuestros”, afirma el abogado levantando la voz y agitando firme sus manos. “Estaban en cárceles, no en el Agrupamiento. El Estado no asesina, más allá de un error”.

El fiscal Alarcón solicitó la palabra al juez ponente y objeto lo expuesto aclarando que en esta fase se debe argumentar la prueba. El juez aceptó su reclamo y recordó al efusivo abogado, que la audiencia que se está desarrollando no busca juzgar al grupo Alfaro ni el tipo de delitos a los que ha hecho alusión.  Una mujer sentada en la segunda fila de la sala de audiencia asintió ante la intervención del juez y en voz baja murmuró: “Y si cometieron un delito, debieron detenerlos y llevarlos a la cárcel, no torturarlos, desaparecerlos y asesinarlos”.

“Cajas siente un miedo intenso a la muerte, tiene malestar físico y se dedicó ciento por ciento al trabajo para no recordar. Padece estrés postraumático crónico. Esta sensación coarta las dinámicas sociales y familiares. Vaca tiene temor, tristeza y sensación de arrepentimiento de haber tenido una ideología política. Lo que más le impactó es que fue padre durante su detención y no pudo estar con su hija en sus primeros años de vida. Tuvo intentos de morir cuando estuvo detenido”, dijo la perita Mónica Ojeda vía telemática tras ser convocada por Fiscalía para explicar los resultados de la evaluación psicológica realizada a Susana Cajas y Luis Vaca dentro del caso.

—¿Hay tratamiento para el estrés postraumático? — preguntó el abogado Juan Pablo Albán, como parte de su interrogatorio

—El estrés postraumático puede ser tratado dependiendo de la resiliencia de la persona y el apoyo familiar, pero a veces hay alguna situación que reconecta a la persona con lo vivido — dijo la perito.

Abogados de los seis militares procesados se alistan para presentar las pruebas documentales de sus defendidos.

En marzo de 1983, durante la presidencia de Osvaldo Hurtado, el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), estableció una Directiva para la formulación del Plan de Seguridad Nacional, que fundamentado en el Concepto Estratégico de Seguridad Nacional estableció:

En esta misma época la elaboración de un Plan de Seguridad Nacional contempló neutralizar toda forma de subversión interna y agresión externa. Este mismo plan continuaría en 1984 y años posteriores.

En otro documento que forma parte del Plan de Inteligencia se registra:

Luis Piñeiros fue ministro de Defensa Nacional en el período comprendido entre 1984 a 1986 y además se desempeñó como secretario general del Consejo Nacional de Seguridad, donde se orientó y coordinó la planificación de la denominada “Seguridad Nacional”.

Camina lento y acompañado de sus hijas hacia el interior de la sala de audiencia para ocupar su lugar. Unas cánulas nasales marcan su rostro mientras acomoda bajo la silla el tanque portátil de oxígeno que lleva guardado en un bolso. En la segunda semana de juicio presentó una recaída en su salud y ahora dará su testimonio.

“No voy a permitir que ninguna persona vaya a afectar la honorabilidad de mi persona”, dijo Manuel Delgado, exdirector de Inteligencia Militar sentado frente al Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal. En tono vehemente describió gran parte de sus 35 años de trayectoria militar, sus logros, su labor especializada, sus condecoraciones, felicitaciones y reconocimientos conseguidos.

Alexandra Jarrín, viuda de Luis Vaca, torturada cuando estaba embarazada, lo escuchó junto a sus dos hijas en la sala de audiencia. Las tres forman parte de la acusación particular en contra de los seis militares procesados en este caso, tras la muerte de Vaca.

Luego de narrar parte de su carrera militar durante más de una hora, Delgado habló de los hechos relacionados con el caso. “El 14 de diciembre de 1987, Viteri fue reemplazado por Apolo y me dicen que tenían a una persona que pertenecía a AVC. El coronel Apolo dijo que no se haría cargo y que le iba a dar parte al director de Inteligencia.  Yo me molesté mucho. Dije que esto no podía darse. No había razón alguna para que nadie que no esté con el uniforme esté ahí. El señor Vaca tampoco quería salir de ahí. La información no le daba al Ejército, le daba a la Policía. Recomendé que el señor tenía que irse lo antes posible. El coronel Viteri dijo que él [Vaca] le pidió ser mantenido allí por las represalias del grupo. Por humanidad se quedó aquí”.

Alexandra Jarrín lo mira y mueve su cabeza de un lado al otro. Entrecruza sus manos una y otra vez como señal de impotencia e indignación. Luis Vaca no logró rendir su testimonio en este juicio, ni tampoco dejó un testimonio anticipado. Falleció en 2015 por cáncer. Su voz sobre lo que ocurrió el 18 de marzo de 1988 se puede leer en la Colección de Archivos de la Comisión de la Verdad, custodiada en el Archivo Nacional del Ecuador. “En la época de Rodrigo Borja, yo para el régimen y en especial para los militares era una papa caliente, se acerca un oficial con grado de mayor, este siempre se colocaba una capucha para hablar conmigo, me pregunta que voy hacer si me liberan, si les voy a denunciar, a lo que respondía que sí (…) una noche de marzo de 1988 me dieron ropa, me sacaron encapuchado”, dijo Vaca en ese entonces.

Varios testigos militares convocados como el coronel Washington R. confirmaron que Vaca estuvo en el AEIM en una zona restringida por los altos mandos militares. El coronel Washington R. dijo que conoció que Cajas, Jarrín, Vaca, Cárdenas (Mireya también detenida y llevada al AEIM) y los oficiales de Taura estaban en las instalaciones militares. ¿Qué hizo cuando supo de las detenciones? le preguntaron. “Absolutamente nada”, respondió el coronel. “Había un comandante es responsable de lo que haga y se deje de hacer”.

Manuel Delgado fue jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República de 1985 a 1987 y en ese mismo año asumió la jefatura del Departamento de Inteligencia Militar de 1987 a 1988. Mario Apolo asumió la comandancia del AEIM entre noviembre de 1987 y septiembre de 1990.

Más adelante y en uno de los recesos de la audiencia, Alexandra Jarrín hablará con los periodistas en la sala de prensa, para contar que Luis Vaca estuvo desaparecido por más de dos años y afirmar que este juicio la llena de esperanza. “Para nosotros es un triunfo haberlos sentados y que den cuenta de sus actos”.

Fiscalía solicitó al Tribunal de la Sala de lo Penal declarar culpable a los seis procesados. Foto: Fiscalía General del Estado.

Fernando Ron es el único médico procesado en este caso. Camina con dificultad, algo tembloroso y lentamente apoyado en su bastón. Sentado junto a su abogado, Fernando Flores, aprieta sus manos y fija la mirada en un punto de la sala cada tanto. “Hace 10 años mi defendido tenía la voluntad de declarar, pero ahora no”, dijo Flores a los jueces. El abogado explicó que Ron tiene Parkinson en fase degenerativa, crónica y terminal. Un deterioro acelerado físico y cognitivo que impide que pueda rendir su testimonio.

El pentotal sódico o mal llamado suero de la verdad es un barbitúrico que inhibe el sistema nervioso central, causa confusión, somnolencia y también náuseas, explicó la perito y testigo experta Maraí Sosa convocada por Fiscalía aclarando algunos datos específicos y preguntas en relación a la supuesta utilización de este medicamento dentro de interrogatorios.

“Únicamente puede ser suministrado por profesionales de la salud vía intravenosa con una inyección”, comentó Sosa. El excapitán John Maldonado (también comando de Taura), en su testimonio ante el Tribunal, relató la tortura a la que fue sometido por parte de sus propios compañeros y afirmó que fue inyectado en su interrogatorio. Contó además que experimentó somnolencia e incluso dijo que habría firmado unos documentos en aquel momento. El militar Víctor Bolaños reconoció que el médico Ron le suministró la inyección, dirá más adelante el fiscal.

Fernando Ron trabajó en el AEIM entre 1984 a 1987 y fue el último en presentar su defensa con varias pruebas documentales sobre los cargos profesionales que ha ejercido en su vida militar.

Con Sosa, la parte testimonial del proceso llegó a su final. La Fiscalía presentó un total de 27 pruebas documentales entre las que se incluyeron, en orden cronológico, oficios institucionales, nóminas de oficiales, copias certificadas, notas de prensa, reportajes, certificados y denuncias.

Muchos nombres, siglas, iniciales y firmas aparecieron dentro de estas pruebas. Los planes e información que fueron detallados a partir de cada uno de los 27 documentos permitieron al fiscal Leonardo Alarcón develar la pertinencia de las mismas dentro del proceso.

A un total de 38 testigos (que incluyeron peritos y testigos expertos), se sumaron las 27 pruebas documentales como parte de la carga probatoria expuesta a lo largo de diez días de audiencia.

Muy temprano en la mañana, el octavo piso del edificio de la Corte Nacional de Justicia vuelve a atiborrarse de personas. Hay mucho movimiento y expectativa sobre lo que está por ocurrir en la sala dispuesta para recibir a casi cien asistentes. Es 18 de diciembre de 2025 y último día de la audiencia de juzgamiento en la que el juez Javier de la Cadena junto a sus colegas de Tribunal, Manuel Cabrera y Katty Muñoz, escucharán los alegatos finales antes de ratificar la inocencia o condenar a los seis procesados.

Hay tensión en el ambiente. Hay más familiares y amigos de Susana Cajas y Luis Vaca. Hay más coroneles y generales en servicio pasivo. Hay periodistas, escritoras y fotógrafos. El juez da la palabra al fiscal Alarcón para que arranque con sus alegatos de clausura. Habla sobre la cadena de mando vertical, la obediencia sin límites, la falta de cuestionamiento sobre lo ordenado y las estructuras jerarquizadas. Nombra la detención ilegal, los mecanismos de tortura, las técnicas de interrogatorio y la violencia sexual. Alarcón solicita se declare la culpabilidad para Luis Piñeiros y Juan Viteri por el delito de detención ilegal, confinamiento, plagio, tormentos a una persona detenida y atentados contra el pudor. Pide seis años de privación de libertad para ambos, la pena máxima en estos casos de acuerdo a lo que estipula el Código Penal de 1971 (norma vigente para la época). Antes de finalizar su pedido el fiscal menciona la existencia de agravantes y hace alusión a la malicia de los actos juzgados, enfocando sus argumentos en la forma de ejecución del delito con alevosía, crueldad y ensañamiento.

Para Manuel Delgado, Mario Apolo y Nelson Enríquez pide también la pena máxima de seis años de prisión por el delito de plagio.

Por último, al médico Fernando Ron lo identifica como autor del delito de tormento a personas detenidas y pide la pena máxima para el supuesto delito cometido:  cinco años de prisión.

El fiscal concluye su alegato con la petición de medidas de reparación: rehabilitación y tratamiento médico, actos públicos que incluyan disculpas para las víctimas y sus familias, lectura de la parte resolutiva de la sentencia que emita el Tribunal, publicación de la sentencia por el período de un año en la página web de las Fuerzas Armadas, análisis de los manuales de formación militar por parte de una comisión permanente conformada por entidades estatales y víctimas de crímenes de lesa humanidad; y una compensación económica que brindará a las víctimas una reparación integral.

Juan Pablo Albán, abogado de la parte acusadora, se levanta y toma la palabra para presentar su alegato final. “En esta sala no hay monstruos que deban mirarse al espejo, en esta sala hay personas, personas que esperan justicia”, dice, afirmando además que la justicia no se construye negando el dolor de las personas.

Albán expone la naturaleza imprescriptible de los delitos que se han analizado a lo largo de todo el proceso. Hace alusión a actos de naturaleza inhumana y al igual que la Fiscalía recalca que existió un ataque sistemático que se concretó en actos crueles e inhumanos.

Entre el público los exmilitares susurran y comentan el argumento que los abogados de los acusados defienden: “Ellos no son población civil”, esta misma frase lo dice un hombre con gafas oscuras y traje a otro que porta orgulloso una escarapela militar en su chaqueta.

Esta afirmación es refutada por Albán durante su alegato final, además por última vez nombra las detenciones sin orden judicial, los traslados clandestinos, la tortura, la violencia sexual, la desnudez forzada, las amenazas de violación y el estrés postraumático crónico. Habla de todo lo ocurrido en este caso como un conjunto de hechos que se enmarcan en una política estatal.

Su tiempo y su intervención concluyen antes de dar paso a Andrés Aguirre, parte también del equipo legal de las víctimas, quien concentra en su intervención el pedido de una reparación como derecho y obligación jurídica ineludible. “Nos encontramos ante un umbral histórico. Lo que está en juego aquí es la afirmación pública de que las víctimas y sus familias importan”.

Afirma ante el Tribunal que los hechos mencionados a lo largo del proceso no fueron excesos aislados: “Estos delitos ofenden a la sociedad en su conjunto (…) Los daños han trascendido desde lo individual hacia lo colectivo”.

Brevemente solicita al igual que la Fiscalía una rehabilitación completa para las víctimas que incluya atención médica y psicológica, disculpas públicas y la implementación de una placa. “Este proceso ha demostrado que existieron y existen otras víctimas, no son solo tres historias. La impunidad del pasado no es neutra. Hoy existe una responsabilidad histórica de romper el silencio”, concluye.

Los equipos legales tienen hilos comunes que guían la exposición de sus alegatos de cierre. Todos mencionan la falta de argumentos para demostrar los delitos de lesa humanidad por parte de la Fiscalía. Critican el trabajo del fiscal y de la acusación particular.

El abogado de Luis Piñeiros afirma que no se demostró sistematización. “Este caso va a marcar un hito en la historia penal ecuatoriana”, comenta que la justicia penal no puede ser usada como un mecanismo de persecución política.  Aunque aclara que su defensa no desconoce las graves violaciones de derechos humanos y el sufrimiento de Cajas, Jarrín Vaca. Solicita al Tribunal que se ratifiqué la inocencia de Piñeiros.

Stalin López, abogado de Marcelo Delgado, arranca sus argumentos finales con mucha vehemencia. Su voz fuerte y grave paraliza a todos en la sala. “Esta etapa no es un discurso, no es un truco emocional”, dice apenas inicia su intervención. López habla de gobiernos corruptos, de una estrategia de debilitamiento en contra de las fuerzas armadas, critica todo lo expuesto por la Fiscalía, especialmente el peritaje sobre el rol de los medios de comunicación en la época y la construcción del enemigo interno. Asegura que los perseguidos y las víctimas han estado siempre ocupando el banquillo de los acusados. Coroneles y exgenerales aplauden mientras un abucheo fuerte se escucha en la sala, las partes procesales y especialmente los jueces se sorprenden. El juez advierte a los asistentes sobre un posible desalojo de la sala, si la conducta del público continúa. “Esto no es un circo”, dice molesto.

“Acaso pensar diferente es secuestrar, poner bombas. Si eso es pensar diferente, pues es muy grave”, comenta López. Su intervención termina con un nuevo y fuerte abucheo. El juez advierte por última vez sobre el desalojo de la sala. Pide a la escolta policial estar atenta a su pedido.

Xavier Mejía, abogado de Juan Raúl Viteri, se levanta y se dirige al Tribunal, pero también a los procesados y a los coroneles y generales sentados en la sala de audiencia. “Saludos honorables soldados de nuestra patria”, dice de pie junto a sus colegas que lo acompañan en su alegato final. Mejía habla de un proceso penoso y camaleónico, un proceso donde se han ido cambiando los hechos. Sus alegatos hacen un recorrido histórico por la década de los años 80 citando análisis de contextos en países vecinos. Habla de AVC como un grupo terrorista, plantea nexos con el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso de Perú y señala estructuras militares con niveles jerárquicos vinculadas al M-19. Su colega solicita al Tribunal ratificar el estado de inocencia de su defendido.

El abogado de Mario Apolo apenas inicia su intervención consigue la atención de todos los presentes de la sala de audiencia. “Las víctimas en este caso son los que están sentados aquí siendo acusados”, afirma. Los murmullos y molestia vuelven a la sala. El abogado califica a los informes de sesgados, con tendencias políticas de izquierda y al igual que sus colegas solicita al Tribunal ratificar el estado de inocencia de su defendido calificando como maliciosa y temeraria la acusación particular.

“A mí me han obligado a demostrar la inocencia del general Enríquez”, dice el abogado Emiliano Donoso como parte de su alegato de clausura. Señala que muchos culpables ni siquiera forman parte de este proceso, mientras que personas inocentes, como su defendido, están siendo juzgados. Para Donoso en este caso se pusieron títulos pomposos, asegurando que había delitos de lesa humanidad para reparar a los perpetradores que por más de una década sembraron el terror en la sociedad ecuatoriana y que no debían ser reparados sino sancionados.

“Esta acusación no tiene pruebas”, dice el abogado de Fernando Ron. El jurista es dueño de los últimos minutos de una audiencia que está por concluir. Sin repetir mucho lo que sus colegas han mencionado una y otra vez, la defensa de Ron acusa a la Fiscalía de haberse embriagado de poder punitivo. “Hay una sed de venganza y una politización del caso”, enfatiza el abogado ante una audiencia que se alista a salir de la misma. El juez ponente Javier de la Cadena indica que se ha agotado la etapa argumentativa de los alegatos finales y se retira junto a sus colegas. El Tribunal se va a deliberar, sin anunciar la fecha para la resolución.

Lo único que queda claro por ahora es que el primer caso judicializado por delitos de lesa humanidad en la historia penal del Ecuador no ha concluido. De seguro la decisión final que emane de este largo proceso delineará en un futuro muy cercano las discusiones y debates sobre la justicia o la impunidad en el país.

Mientras terminamos de narrar lo ocurrido en este juicio que guarda 40 años de historia en más de 77 expedientes, en el país la justicia penal sentencia a 16 militares por su participación en la desaparición forzada de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, Steven Medina y Nehemías Arboleda.  El caso de los cuatro de Las Malvinas marca así la historia nacional.